El Gobierno debe Retomar su Principal Obligación

        Si en algo coinciden los tratados sobre el Estado, es que la principal y más importante misión de un gobierno es lograr la paz en todo el territorio nacional, garantizar la seguridad, el orden, el bienestar de todos sus habitantes, haciendo uso del legítimo poder definido por su Constitución.

     Por lo anterior, el Estado, a la cabeza del gobierno de turno, es el único responsable de las consecuencias que padecen las víctimas de actos cometidos por la delincuencia y el terrorismo. Por lo mismo, deben ser las primeras en ser protegidas, resarcidas e indemnizadas. Las medidas de protección contra la inseguridad que pueden tomar los ciudadanos son muy pocas, costosas y atentan contra su libertad.

    Una Participación Ciudadana más Inteligente, más Inclusiva y más y mejor Informada comprende este rol del Estado y la responsabilidad que tienen quienes aspiran a ocupar cargos de autoridad y poder dentro de éste. Sólo así, es posible presionar a las autoridades para revertir la mayor injusticia que representa esta violación a los Derechos Humanos, por culpa de gobiernos, que por ser pusilánimes, corruptos o por estar coludidos con organizaciones criminales, se abstienen de combatirlas.

     Frente a toda la legitimidad y el poder que tiene el Estado, resulta incomprensible ser testigos de la incapacidad del gobierno de reducir los índices de inseguridad, violencia, terrorismo, abusos del poder, corrupción y calidad deficiente de la gestión pública, causantes principales de tanta criminalidad, injusticia, desigualdad y rabia social.

      Tan dañina para la paz y la convivencia, es dejar la solución de los problemas en manos de un mercado sin control, como en manos de un gobierno mediocre y pusilánime.

     Está claro que un gobierno nunca debe cerrar las puertas al diálogo con sus opositores, contradictores, insurgentes o enemigos de la sociedad. Pero, tampoco debe pasarse de ingenuo permitiendo que el país sea destruido y la paz ciudadana alterada, mientras se extienden indefinidamente las conversaciones, insistiendo en forma majadera en mantener o participar en "diálogos de sordos":

   ¿Qué diálogo se puede tener con un anarquista para el fortalecimiento de la democracia y el respeto a las leyes de un país?
   ¿Qué diálogo pueden tener las fuerzas de orden y seguridad del Estado con un grupo de vándalos infiltrados en una manifestación pública?
   ¿Qué respeto y garantías para todo un país, puede ofrecer un fanático o extremista ideológico?
   ¿Qué diálogo se puede tener con un terrorista con acceso a un arsenal de armas?

    El Estado a través del gobierno es responsable de dar respuesta y solución oportuna y suficiente a las demandas sociales para garantizar la paz y convivencia ciudadana. Su ineficiencia no se debe agravar tolerando la violencia, mucho menos legitimarla como una forma de reclamar derechos   en una sociedad democrática. -Rubén Solano