jueves, 9 de abril de 2015

REVOCATORIA DEL MANDATO Y VEEDURÍAS CÍVICAS


No se debe perder el foco de atención. La preocupación en Chile es por el descubrimiento de graves actos de corrupción. A saber:

1.- Tráfico de influencias.
2.- Uso de información privilegiada.
3.- Fraude al SII con boletas y facturas emitidas por servicios no prestados.
4.- Aumento de pérdidas en las empresas con falsos contratos de futuro.
5.- Lesión enorme o enorme engaño causado a terceros inocentes.

El problema con ésta clase de delitos es que en comparación con otros, resulta difícil de probar o lo que es lo mismo son fácil de ocultar por parte de quienes los cometen.   Más complicado aún, no parece haber interés por fiscalizar los actos de las personas ni las empresas para prevenir su comisión.

Observemos que ninguno de estos delitos se descubrió por la acción directa de las funciones de fiscalización y control que tiene y debe ejercer el Estado. Sino que son el producto de la denuncia hecha por personas naturales a las que las empresas involucradas les negaron sus pagos. Denuncias que se compartieron o  se filtraron a los medios de comunicación y a las redes sociales.

Otro aspecto delicado es que el destino de los dineros, producto de los delitos cometidos, no solamente han contribuido  al enriquecimiento ilícito de algunas personas vinculadas al gobierno y la política, sino que también han contribuido al financiamiento de campañas de políticos que favorecen sus intereses empresariales y de paso han “empobrecido” los recursos que necesita el Estado para resolver las necesidades sociales.

Por otra parte, las empresas involucradas, que lo fueron por accidente, aunque están relacionadas con políticos de diferentes tendencias, han salpicado con mayor fuerza a los políticos de la coalición de oposición o de la centro de derecha. Esto parece obvio, porque no se debe olvidar que los accionistas mayoritarios de las empresas cuestionadas, PENTA y SOQUIMICH, tienen vínculos con los partidos políticos de la centro-derecha. Pero, las preguntas son: ¿Podemos los chilenos estar tranquilos y pensar que la corrupción es solo una “práctica” acotada, que solo involucra unos pocos políticos y empresarios de la centro-derecha? ¿Qué pasa en las empresas en donde los mayores accionistas son de centro-izquierda? ¿Qué pasa con las empresas del Estado?

Todo lo anterior me lleva a una conclusión: De nada sirven las leyes, ni las reformas constitucionales, si los organismos de fiscalización y control no operan ni garantizan su cumplimiento.

Los países desarrollados, al margen del modelo social que los identifica, se caracterizan por tener instituciones fuertes y gobiernos que se preocupan de hacer respetar las leyes. También los partidos políticos los líderes y dirigentes hacen acuerdos, pero solo para regular hechos nuevos y no para encubrir los delitos cometidos y perdonar a quienes han violado las leyes existentes. Por ello, creo que el único acuerdo que se necesita hoy en Chile debe centrarse en dos puntos:

1.- Revocatoria del Mandato. La ciudadanía debe tener el poder de retirar del parlamento y del gobierno nacional y local, antes de terminar su mandato, a quienes ha elegido y considera que los ha defraudado. Está claro que la justicia puede verse superada por la influencia, la habilidad y los enormes bufetes de abogados de los políticos y gobernantes corruptos.

2.- Veedurías Cívicas. La ciudadanía debe asumir de manera paralela y complementaria la acción fiscalizadora del Estado. Es importante asegurar la transparencia y honestidad de la asignación y ejecución de los contratos en que se ven involucrados los dineros del Estado.

Vivimos en un mundo en el cual se destaca con fuerza el empoderamiento ciudadano. Pero, de nada servirá si la ciudadanía no cuenta con herramientas legales y efectivas que hagan disuadir de cometer delitos a los potenciales criminales y corruptos que se infiltran en el Estado.