No se debe perder
el foco de atención. La preocupación en Chile es por el descubrimiento de
graves actos de corrupción. A saber:
1.- Tráfico de
influencias.
2.- Uso de
información privilegiada.
3.- Fraude al SII
con boletas y facturas emitidas por servicios no prestados.
4.- Aumento de
pérdidas en las empresas con falsos contratos de futuro.
5.- Lesión enorme o
enorme engaño causado a terceros inocentes.
El problema con
ésta clase de delitos es que en comparación con otros, resulta difícil de
probar o lo que es lo mismo son fácil de ocultar por parte de quienes los
cometen. Más complicado aún, no parece
haber interés por fiscalizar los actos de las personas ni las empresas para
prevenir su comisión.
Observemos que
ninguno de estos delitos se descubrió por la acción directa de las funciones de
fiscalización y control que tiene y debe ejercer el Estado. Sino que son el
producto de la denuncia hecha por personas naturales a las que las empresas
involucradas les negaron sus pagos. Denuncias que se compartieron o se filtraron a los medios de comunicación y a
las redes sociales.
Otro aspecto
delicado es que el destino de los dineros, producto de los delitos cometidos,
no solamente han contribuido al
enriquecimiento ilícito de algunas personas vinculadas al gobierno y la
política, sino que también han contribuido al financiamiento de campañas de
políticos que favorecen sus intereses empresariales y de paso han “empobrecido”
los recursos que necesita el Estado para resolver las necesidades sociales.
Por otra parte, las
empresas involucradas, que lo fueron por accidente, aunque están relacionadas
con políticos de diferentes tendencias, han salpicado con mayor fuerza a los
políticos de la coalición de oposición o de la centro de derecha. Esto parece
obvio, porque no se debe olvidar que los accionistas mayoritarios de las
empresas cuestionadas, PENTA y SOQUIMICH, tienen vínculos con los partidos
políticos de la centro-derecha. Pero, las preguntas son: ¿Podemos los chilenos
estar tranquilos y pensar que la corrupción es solo una “práctica” acotada, que
solo involucra unos pocos políticos y empresarios de la centro-derecha? ¿Qué
pasa en las empresas en donde los mayores accionistas son de centro-izquierda?
¿Qué pasa con las empresas del Estado?
Todo lo anterior me
lleva a una conclusión: De nada sirven las leyes, ni las reformas
constitucionales, si los organismos de fiscalización y control no operan ni
garantizan su cumplimiento.
Los países
desarrollados, al margen del modelo social que los identifica, se caracterizan
por tener instituciones fuertes y gobiernos que se preocupan de hacer respetar
las leyes. También los partidos políticos los líderes y dirigentes hacen
acuerdos, pero solo para regular hechos nuevos y no para encubrir los delitos
cometidos y perdonar a quienes han violado las leyes existentes. Por ello, creo
que el único acuerdo que se necesita hoy en Chile debe centrarse en dos puntos:
1.- Revocatoria del Mandato. La
ciudadanía debe tener el poder de retirar del parlamento y del gobierno
nacional y local, antes de terminar su mandato, a quienes ha elegido y
considera que los ha defraudado. Está claro que la justicia puede verse
superada por la influencia, la habilidad y los enormes bufetes de abogados de los políticos y
gobernantes corruptos.
2.- Veedurías Cívicas. La ciudadanía
debe asumir de manera paralela y complementaria la acción fiscalizadora del
Estado. Es importante asegurar la transparencia y honestidad de la asignación y
ejecución de los contratos en que se ven involucrados los dineros del Estado.
Vivimos en un mundo
en el cual se destaca con fuerza el empoderamiento ciudadano. Pero, de nada
servirá si la ciudadanía no cuenta con herramientas legales y efectivas que
hagan disuadir de cometer delitos a los potenciales criminales y corruptos que
se infiltran en el Estado.
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