"Sabemos que los problemas de Chile son políticos y por lo tanto se necesita voluntad política. Políticos con voluntad. Una clase política noble y honorable para resolverlos. Los marcos legales son importantes, pero jamás reemplazarán las intenciones de quienes tienen el deber y la responsabilidad de dirigir y orientar los destinos del país."
Ninguna persona sensata, preocupada por el futuro del país y que además crea que necesitamos de una participación ciudadana más inteligente, más inclusiva y más y mejor informada, debe ser indiferente al plebiscito por una nueva Constitución que está convocado para el 25 de octubre. Porque ya no se discute si se hará o no, sino cuándo se hará, y la fecha del 25 de octubre parece inmodificable para los más ansiosos.
En esa dirección, a partir del próximo miércoles, las campañas deben concentrarse en conseguir el mayor número de votos para su opción: "Apruebo" o "Rechazo", porque la abstención es el peor resultado para quienes apuestan por una u otra, toda vez que no tendrá mucho sentido gastarse cientos de millones de pesos en plena crisis sanitaria, social y económica, para realizar un plebiscito que cambie una Constitución por considerarse "ilegitima," por otra que también puede resultar "ilegitima" si no logra convocar a una importante mayoría de chilenos.
El país está dividido y la preocupación debería ser la unión y no la radicalización ni la imposición de un modelo por otro, que sólo profundizaría el odio entre los chilenos y eternizará la alternancia del abuso del poder y la violencia.
La pandemia del COVID-19 no es culpa de ningún chileno, pero sobrevivir a ella y contribuir al menor número de contagiados y fallecidos, es responsabilidad, principalmente, del Estado y la clase política. Lamentablemente de un Estado débil y de una clase política percibida por la ciudadanía como incompetente y carente de credibilidad que, sin embargo, ahora tiene una enorme oportunidad de hacer bien las cosas, por lo menos esta vez, pensando en el interés general de Chile y los chilenos y no de sus particulares y mezquinos intereses. De nada servirá una nueva Constitución arrancada del lecho de pacientes enfermos, ni de ciudadanos en cuarentena y en riesgo, con temor a perder su vida.
Para quienes argumentan la "imperiosa" necesidad del plebiscito y el "ahora ya", quisiera que reflexionaran y se dieran cuenta que la ansiedad y el apuro, pueden ser contraproducentes y revertir la confianza de quienes ya hemos "comprado" la idea de un cambio de Constitución, especialmente cuando vemos que los promotores cada vez ponen menos interés en la legitimidad que debe tener el proceso con una mayor participación ciudadana. No se ve bien, que ya no les importe el porcentaje de abstención que probablemente tendrá el plebiscito, si se realiza a todo evento en tiempo de pandemia, sin vacuna y sin disminución del volumen de contagios.
Chile puede sobrevivir un año más sin plebiscito constitucional, así como a otro proceso electoral de parlamentarios y gobernantes, elegidos con poca votación, sin entusiasmo ni credibilidad, porque este proceso no necesita postergarse. Pero, será inaceptable obtener un resultado para cambiar la Constitución, forzando un proceso para que lo único que cambie sean las aspiraciones de las élites opositoras.
Con tristeza, hemos comprobado durante la actual crisis, que la falta de voluntad política para solucionar los problemas y construir una sociedad más justa e igualitaria, es más grande que el marco legal y constitucional que tenemos en el país. De hecho, se han realizado tres reformas constitucionales y los ciudadanos comenzamos a preguntarnos con sospecha: ¿Por qué no ha sido posible realizar los cambios que prioritariamente reclama el país desde hace tantos años?
Sabemos que los problemas de Chile son políticos y por lo tanto se necesita voluntad política. Políticos con voluntad. Una clase política noble y honorable para resolverlos. Los marcos legales son importantes, pero jamás reemplazarán las intenciones de quienes tienen el deber y la responsabilidad de dirigir y orientar los destinos del país.
Una nueva Constitución e incluso un nuevo proceso constituyente en el siglo XXI, sin una participación ciudadana masiva y comprometida, de nada servirá y sólo pasará a la historia como otra grosera y costosa petición de la clase política a la ciudadanía. Son muchos millones de pesos para las campañas, sin contar los costos directos del proceso. Está vez, en tiempos de grave crisis y cuando a todos los chilenos se les pide austeridad y hacen los más grandes sacrificios. ¡Qué horror! RDS
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