"Un gobierno que no actúa con convicción ni severidad en la contención del crimen y la violencia, se hace cómplice pasivo de sus consecuencias y si a esta negligencia le suma la de quitarle a los ciudadanos la posibilidad de la autodefensa, se transforma en un cómplice activo, porque abandonó su misión y ha expuesto a la ciudadanía que confió y dejó en sus manos su seguridad, su patrimonio, su vida y la de todos los suyos."
Por supuesto que el actual gobierno no es responsable del crimen y la violencia que hay en Chile. Ésta es responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado por el país. Pero, que el crimen y la violencia no haya disminuido y menos detenido con la llegada del nuevo gobierno, sólo demuestra la nula credibilidad que tienen los criminales y delincuentes en el actual gobierno de poder combatirlos y la consiguiente desesperanza de la sociedad en la capacidad que tendrá para solucionar los problemas que por años los agobian. Peor aún, es la sensación que irradian las bandas criminales con su mayor temeridad y que ven el gobierno como su "cómplice", al ser incapaz de tomar alguna represalia contra ellos.
Toda la literatura que hay sobre el Estado moderno, lo presenta como el titular del poder, con capacidad legítima para mantener la convivencia y la paz ciudadana tanto al interior como con el exterior, concediéndole el uso de la fuerza y pudiendo incluso, hacer uso, para lograrlo, de todas las herramientas y recursos a su alcance. Esto divide los países del mundo entre aquellos que ejercen el poder con regímenes herméticos de carácter dictatorial y los que gobiernan de cara al mundo con sistemas democráticos. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, ... son ejemplos de los primeros y Chile es ejemplo de los segundos.
Generalmente, estos gobiernos democráticos, refuerzan y regulan el uso del poder acogiéndose, respetando y sometiéndose a los tratados internacionales sobre protección y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, parecen olvidar, que estas declaraciones no son excusa, ni los exime de cumplir con su mandato original. Está claro que escudarse en estos tratados para bajar la guardia o evadir su responsabilidad de mantener la paz y la convivencia entre los ciudadanos, los hace cobardes y/o cómplices de cualquier conflicto que ocurra al interior. Y es esta la actitud de muchos gobiernos en Latinoamérica y la razón principal por la cual los conflictos internos crecen en intensidad y aumentan en corto tiempo, diseminándose por todo el territorio nacional. Los gobiernos democráticos parecen atrapados en medio de su cobardia e ignorancia, para beneficio del crimen organizado, mercenarios y traficantes de armas.
Un gobierno es responsable de garantizar el orden y la seguridad ciudadana desde el día uno de su mandato, entregando reparación y justicia a las víctimas y conteniendo a los causantes de la violencia. Esto es lo primero que debe hacer y no debería haber ninguna vacilación sobre su actuar. De todas maneras, se entiende, que para que haya un cese definitivo del crimen y la violencia, un gobierno responsable tiene un diagnóstico y un plan de corto, mediano o largo plazo, que generalmente ha sido su bandera de campaña y con la cual, muy probablemente, consiguió los votos para llegar al poder. Ese plan debe comenzar a implementarlo de manera paralela o sin interrumpir las actividades de contención del crimen y la violencia, porque una cosa no le quita valor a la otra, a menos que decida "chutear" el problema hacia adelante.
Un gobierno que no actúa con convicción ni severidad en la contención del crimen y la violencia, se hace cómplice pasivo de sus consecuencias y si a esta negligencia le suma la de quitarle a los ciudadanos la posibilidad de la autodefensa, se transforma en un cómplice activo, porque abandonó su misión y ha expuesto a la ciudadanía que confió y dejó en sus manos su seguridad, su patrimonio, su vida y la de todos los suyos. Es por tanto, que se transforma en un gobierno criminal, que por su cobardía o negligencia, convirtió el país en un Estado fallido. Los ciudadanos deberíamos reflexionar sobre este tema y por ello les hago la siguiente pregunta a propósito de la propuesta de Nueva Constitución que se nos avecina: ¿Qué diferencia puede haber entre la actitud del Estado de salvar en primer lugar la vida de quienes están atrapados en medio de una catástrofe, antes de preocuparse en las causas que la originaron; y la actitud, del mismo Estado, que deja a la deriva la vida de las personas, atrapadas en medio del crimen y la violencia, porque considera que primero debe "resolver el problema de fondo que la ha causado"?. Un gobierno está para ejercer el poder con los instrumentos que la Constitución le entrega y con los que encuentra a su llegada y sino le sirve ninguno, debe proceder como cirujano de guerra, preocupándose de sacar los heridos de la zona del conflicto y calmarles su dolor. Dejarlos abandonados y a su suerte, no es una opción para un gobierno de un país democrático, cualquiera sea su signo. -Rubén Solano
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