Hay motivos para felicitar a la directiva de la Junta de Vecinos de mi Villa. Logró lo que es muy difícil en Chile: que el Estado financiara una de nuestras necesidades sentidas, compitiendo con cientos de proyectos a nivel regional, donde muchos, con igual o mayor urgencia, lamentablemente quedaron fuera.
Y es precisamente ese primer motivo de alegría el que debe llevarnos a una reflexión más profunda y más general.
La seguridad es la primera obligación del Estado. No debería ser un premio que se gana en un concurso. La seguridad es un derecho de todos los ciudadanos, no un privilegio de las comunidades que mejor saben postular.
Duele pensar que, mientras hoy celebramos, muchas villas, poblaciones y barrios con necesidades incluso superiores a las nuestras se quedaron sin nada, simplemente porque no ganaron. Eso nos obliga a celebrar con humildad, pero también con sentido crítico.
Porque la pregunta de fondo que todos debemos hacernos es otra: ¿Cuánto dinero ha salido ya de nuestros propios bolsillos para cubrir una obligación que es del Estado? ¿Cuántas cuotas sacadas del sueldo justo y de la pensión de nuestros jubilados hemos puesto para levantar cierres, cámaras y alarmas que, en manos de vecinos de buena voluntad, muchas veces tienen una efectividad, legalidad y durabilidad cuestionables?
Aquí aparece el valor inmenso de lo que acaba de ocurrir.
Este logro nos demuestra algo que vale para cualquier comunidad del país: la importancia de canalizar nuestras iniciativas sociales a través de las organizaciones sociales formalizadas.
Quiero destacar dos lecciones:
1. La personalidad jurídica no es un trámite, es una herramienta de poder. Cuando una comunidad está organizada legalmente, con sus organizaciones sociales: Junta de Vecinos, Agrupaciones, Clubes, Centros, etc., con directiva vigente y con personalidad jurídica, deja de ser un grupo de vecinos pidiendo un favor. Se convierte en un interlocutor válido del Estado. Solo así se puede postular, de igual a igual, a los fondos concursables que el propio Estado dispone.
2. Organizarse es repartir la carga y la responsabilidad. Lo que hemos vivido por años es injusto: que la gestión y el gasto recaigan sobre dos o tres vecinos que, por compromiso, terminan agotados y solventando de su bolsillo lo que es de todos. Una organización formal obliga a la transparencia, a la rendición de cuentas, a que las decisiones se tomen en asamblea y a que la administración comprometa a todos. Se acaba la lógica de la buena voluntad de unos pocos y comienza la lógica de la responsabilidad colectiva.
Por eso, qué bueno tener líderes, que en vez de seguir pidiendo cuotas, entendieron que había que golpear la puerta correcta: la del Estado, para exigir que cumpla con su obligación.
Ojalá este ejemplo sirva para ordenar y formalizar todas las iniciativas que ya existen en nuestra Villa. El camino no es la cuota informal. El camino es fortalecer nuestra Junta de Vecinos, participar, asistir a las reuniones y cuidar lo que conseguimos.
Finalmente, cuidemos el fruto de este y de todos los proyectos. Porque nada de esto es gratis. Todo sale, de una u otra forma, de nuestro bolsillo. Y es de ignorantes no cuidarlo. RDS
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